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La presente Recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) que derivó de dos quejas y un expediente (934/18/II) que se abrió por oficio, éste último por una nota periodística sobre la contaminación del arroyo El Popul por los lixiviados del vertedero Los Laureles. La primera queja (161/18/II), fue realizada por la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA) quien denunció al Ayuntamiento de El Salto por el otorgamiento indebido de licencias municipales que ponen en riesgo a los futuros habitantes de Parques del Triunfo de Grupo San Carlos. La segunda queja con la que se abrieron una serie de expedientes (2148/19/II hasta el 5094/19/II), fue la que presentamos como Un Salto de Vida, la cual fue construida colectivamente con el respaldo de alrededor de 4 mil firmas con motivo de la mala gestión del vertedero Los Laureles que se manifestó con el incendió de abril de 2019.
Las diversas recomendaciones a cada instancia gubernamental las consideramos atinadas y queremos resaltar las emitidas a la SEMADET, particularmente lo que refiere al plan de abandono, el cual tiene alrededor de 7 meses de retraso en la entrega por parte de la empresa CAABSA. Por su parte, hacemos énfasis en lo que concierne a la Secretaría de Salud y el estudio toxicológico que tiene que realizar, el cual debe ser técnicamente adecuado, longitudinal, en colaboración con un centro de investigación especializado y con experiencia de trabajo en la zona, el cual sea consensuado de manera participativa. En lo que refiere a las recomendaciones a los municipios, no hemos visto avance alguno para la creación del nuevo modelo que se anunció en septiembre de 2019 “Jalisco Reduce”.
Coincidimos en que el cumplimiento de la Recomendación y las peticiones que llevamos como afectados para obtener una reparación integral del daño, fundamentado en el Art. 1 constitucional, la Ley General de Víctimas y la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco, se debe establecer una Mesa o Comisión Interinstitucional para la Atención a las Víctimas por la Operación del Vertedero Los Laureles. Esta exigencia la hacemos para que la atención y resolución de problemas, debe ser formalizada a través de una instancia que convoque e involucre a todas las instancias que cita la CEDHJ en la Recomendación, además de las instancias competentes a nivel federal como la CNDH, la PROFEPA, SEMARNAT, CONAGUA, CENAPRED etc. Además, deberá ser dotada de atribuciones y presupuestos exclusivos para su misión. Debemos empujar la instauración de instancias que garanticen un debido proceso y que no quede a criterio exclusivo del Gobierno de Jalisco como ha sucedido con las mesas de la estrategia Revive Río Santiago, donde no ha habido un seguimiento adecuado, ni se han visto reflejadas las participaciones de comunidades, organizaciones y especialistas en las acciones que ya se han implementado.
Las garantías de no repetición contempladas en la reparación integral del daño, deben tomarse en cuenta como habitantes metropolitanos, es decir, que no deben reproducir este modelo criminal de disposición final en Picachos, Hasar’s o en otro sitio que están contemplando construir en el sur de la ZMG, aparentemente en el municipio de Tala. Reiteramos, haciendo eco de lo anunciado por el gobierno de Jalisco y que recomienda la CEDHJ como un modelo de basura cero.
Por las grandes limitaciones estructurales de los organismos públicos de derechos humanos como la CEDHJ, sabemos que no pueden ejercer acciones coercitivas y se limitan las recomendaciones a las instituciones públicas. A nivel mundial se está discutiendo la pertinencia de que las empresas privadas violadoras de derechos humanos, sean reconocidas como tal. Por lo pronto, es importante resaltar que a CAABSA se le pueden imputar faltas penales y administrativas, como reconoce la CEDHJ, y no tendría que ser premiados con el respeto y ampliación de los contratos y concesiones con el Gobierno de Jalisco y los Ayuntamientos. Hemos visto a lo largo del tiempo que todos los cambios posibles que podría haber para un modelo exitoso para la gestión de residuos en la ZMG, ha sido bloqueado por los intereses de esta empresa en comparsa con los gobiernos en turno. Como pueblos y comunidades no claudicaremos para hacer justicia y se reparen los daños perpetrados desde hace 25 años por la empresa CAABSA.
Atentamente
El Salto, Jalisco a 25 de junio de 2020