Cuatro meses después de que la CIDH dictara medidas cautelares a favor de los pobladores de las zonas aledañas, el Gobierno estatal no ha dado respuesta satisfactoria
El 7 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares a favor de los pobladores de las zonas aledañas al río Santiago para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas por la contaminación del lugar.
A partir de entonces, dio 15 días al Gobierno federal. Sin embargo, no ha habido respuesta.
Un mes después de la declaración de la CIDH, los pobladores realizaron una manifestación frente a la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) exigiendo la atención inmediata de las personas enfermas por la contaminación, la instalación de un hospital de especialidades en la zona y que abran más espacios para atender a enfermos crónicos.
La respuesta del secretario de Salud, Fernando Petersen, fue designar a un nefrólogo en Poncitlán. Luego comenzó la pandemia de COVID-19 en Jalisco y, con ello, el cierre de diversas actividades, entre ellas la atención a quienes padecen daño renal.
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