Habitantes de las comunidades cercanas al río Santiago se manifestaron afuera de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) con la finalidad de exigir al secretario, Fernando Petersen Aranguren, que atienda de manera urgente la problemática de salud causada por la contaminación del cuerpo de agua.

Entre las denuncias que externaron es la falta de infraestructura médica en las poblaciones, pues las casas y centros de salud, o están cerradas o están vacías de medicamentos y personal.

Esto ocasiona que tengan que trasladarse hasta Guadalajara para la atención, lo que supone desgaste físico, emocional y económico. Ante esto, el compromiso del secretario fue visitar todas las unidades en este mes, acompañado de los pobladores para atender necesidades urgentes.

Otra de las principales peticiones fue la necesidad de atención especializada para los enfermos del río Santiago; catalogaron como urgente la instalación de un hospital de especialidades en la zona, sin embargo, está petición fue rechazada una vez más, el único compromiso fue que a partir de este miércoles, habrá un nefrólogo de planta en Poncitlán.

Esto fue catalogado por los pobladores como «un mejoralito para la problemática», pues un solo especialista para la zona no es suficiente, sentenciaron.

Cuando llegó la exigencia por respuesta a las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Petersen Aranguren aceptó que ni siquiera las conoce, respuesta que provocó aún más reclamos por parte de los manifestantes, pues ya casi se cumple un mes de que fueron emitidas.

De igual manera pasó cuando el secretario dijo que «yo no oculté el estudio» cuando se le recordó que la SSJ tuvo en sus manos una prueba de que las empresas que contaminan el río, enferman y matan a los pobladores.

Hubo un respiro cuando Petersen Aranguren informó que José Mario Márquez Amezcua, a quien acusan como uno de los que ocultó el informe por diez años en la SSJ, desde hace un mes, ya no forma parte del gobierno del estado.

Al final, acuerdo inmediato fue mantener una reunión en los límites de El Salto y Juanacatlán el próximo martes 10 de marzo a las 10 de la mañana, ahí se dará seguimiento a las peticiones y establecerán un calendario de acciones para este mes.

Aunque se emitieron el 7 de febrero, el titular de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Fernando Petersen Aranguren, aceptó ayer que no ha revisado las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en pro de habitantes de comunidades afectadas por la contaminación del río Santiago y el lago de Chapala.

“Las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son tres, ¿ya los conoce?”, cuestionó Griselda González Torres, integrante de la asociación Un Santo de Vida, al secretario. En respuesta, el funcionario contestó con un rotundo “no”.

“No las conoce (las medidas cautelares). Esto es aberrante (…) es una vergüenza que no sepa también que ustedes tienen la obligación, de acuerdo con las medidas cautelares, de mitigar las fuentes de daño”, añadió González Torres al servidor público.

Tras mostrar desconocimiento, a Petersen Aranguren le enunciaron a grandes rasgos las tres medidas cautelares dictadas por el organismo internacional al Estado mexicano: proporcionar diagnóstico y atención inmediata a los afectados; dialogar con los habitantes de las comunidades para conocer sus necesidades, y mitigar las fuentes de daño.

Según lo determinado por la CIDH, el gobierno federal tenía 15 días para responder a la comisión y dar a conocer acciones de respuesta a la problemática, pero a la fecha se desconoce si lo hizo.

PROTESTAN; SSJ SE COMPROMETE

El cuestionamiento al secretario se dio ayer tras una protesta realizada en la tarde por habitantes de comunidades de El Salto y Juanacatlán a las afueras de la SSJ, la cual tuvo como fin proporcionar atención a los afectados.

Tras recibir a los manifestantes, al secretario también se le informó que falta infraestructura médica en las poblaciones afectadas por la polución del Santiago, pues las casas y centros de salud existentes o están cerrados, o no tienen medicamentos ni personal.

Esta situación ocasiona que tengan que trasladarse hasta Guadalajara para recibir atención médica, lo que supone un desgaste físico, emocional y económico.

“Nuestra gente se está muriendo señor. Ustedes como SSJ tienen la obligación de voltear a nuestros pueblos, porque ustedes mismos nos están afectando como gobierno al permitir el mal llamado progreso que nos está jodiendo”, exigió uno de los manifestantes.

Para atender esta situación, el funcionario se comprometió a visitar todas las unidades médicas durante este mes acompañado de los pobladores.

Los habitantes también le exigieron al titular de la SSJ brindar atención especializada para los enfermos del río Santiago, aquejados por males renales y otros padecimientos, y pidieron la instalación de un hospital especializado en la zona; sin embargo, la petición fue rechazada. El único compromiso conseguido fue que a partir de hoy habrá un nefrólogo de planta en Poncitlán.

La respuesta fue catalogada por los pobladores como «un mejoralito», pues un solo especialista para la zona no es suficiente.

EXIGEN REACCIÓN A ESTUDIO OCULTO

Al secretario también se le exigieron respuestas sobre el ocultamiento durante más de 10 años de un estudio realizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) en comunidades aledañas al río Santiago, el cual fue elaborado en 2009, pero dado a conocer por el periodista José Toral hasta fines de enero. El informe reveló que cientos de habitantes tenían distintas concentraciones de químicos en su sangre.

Al respecto, el funcionario sólo afirmó que él no ocultó el estudio, lo que exaltó a los manifestantes.

Hubo un respiro en el diálogo entre ambas partes cuando Petersen Aranguren informó que José Mario Márquez Amezcua, a quien se acusó de ocultar el estudio por poco más de 10 años en la SSJ, ya no forma parte desde hace un mes del gobierno del estado. El funcionario era director general de Prevención y Promoción a la Salud de la secretaría.

Sin embargo, los pobladores pidieron que se investigue la presunta responsabilidad del ex funcionario y se le castigue en caso de encontrar culpas.

Al final, manifestantes y secretario acordaron mantener una reunión en los límites de El Salto y Juanacatlán el próximo martes 10 de marzo a las 10 horas, en donde se dará seguimiento a las peticiones y se establecerá un calendario de acciones para marzo.

FRASE: 

“No las conoce (las medidas cautelares). Esto es aberrante (…) es una vergüenza que no sepa también que ustedes tienen la obligación, de acuerdo con las medidas cautelares, de mitigar las fuentes de daño”: Griselda González Torres, Integrante de Un Salto de Vida

Las medidas dictadas al Estado mexicano

  • Adoptar las medidas necesarias para preservar la vida, integridad personal y salud de los pobladores de las zonas ubicadas hasta a cinco kilómetros del río Santiago en los municipios de Juanacatlán y El Salto, así como de los pobladores de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala, localizadas en Poncitlán
  • Brindar un diagnóstico médico especializado a los afectados, así como atención médica adecuada en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, conforme a los estándares internacionales aplicables
  • Concertar las medidas a implementar con los afectados y sus representantes, e informar sobre las medidas adoptadas para mitigar las fuentes de contaminación

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