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Acusan que mercantiliza el espacio público, como en la Barranca

Tanto el gobernador de Jalisco como el alcalde de Guadalajara se olvidaron de proteger a la ciudadanía para beneficiar a grupos específicos, pisoteando las necesidades del resto del pueblo

Por Rafael Hernández Guízar

Además de la voracidad con que el gobernador Enrique Alfaro y el alcalde tapatío Ismael del Toro “venden” partes de la ciudad a desarrolladores, está la infamia de permitir que las construcciones sigan, pese a recursos legales ganados por vecinos. Arturo Mendoza, de la asociación Únete Huentitán, lamentó que incluso la CEDHJ no sea imparcial, pues hacen caso omiso de las quejas interpuestas sobre el tema/Foto: Francisco Tapia

Asociaciones ciudadanas y catedráticos arremetieron ayer contra el gobierno estatal, lo tildaron de estar a merced de la industria inmobiliaria, aca­bado con el espacio público.

Jorge Fernández Acosta, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), indi­có que tanto el gobierno del estado como el ayuntamiento de Guadalajara, se han con­vertido en “depredadores” del espacio público para favorecer a las empresas constructoras.

“Este gobierno del esta­do, y municipal en el caso de Guadalajara, desde hace algu­nos años tienen como política pública la de mercantilizar el espacio público, es decir, fa­vorecer a la iniciativa privada, a partir del aprovechamiento abusivo del espacio públi­co, y de venderlo, entonces el patrimonio municipal se está perdiendo, no es el caso solamente de Iconia, no es el caso de El Mirador (Parque El Mirador) nada más, y el Pla­netario, es el caso de muchos terrenos en la ciudad que son espacio público, áreas verdes, que el gobierno del estado y el municipio han desestima­do para favorecer el negocio inmobiliario con intereses os­curos que rayan en cantidades exorbitantes, ganancias obsce­nas para los desarrolladores”.

El catedrático de la máxi­ma casa de estudios en Jalisco fue más allá, y sentenció que tanto el estado como el muni­cipio dejaron atrás su misión de proteger a la ciudadanía, para enfocarse en el beneficio a grupos específicos.

“Se ha desestimado la par­ticipación ciudadana, y tomar en cuenta los vecinos, son cuestiones colaterales, cuestio­nes verticales, donde la autori­dad ejerce un derecho que no le corresponde, a la autoridad le corresponde administrar la riqueza pública, incrementar­la, y en este caso estamos per­diendo patrimonio, tampoco se está cuidando el derecho que tenemos los ciudadanos a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, es un derecho de tercera gene­ración que no se está tomando en cuenta, y está afectando la calidad de los que viven en este caso en Huentitán, y tiene años esa práctica porque desde el proyecto Iconia, la zona se ha venido perdiendo en térmi­nos de seguridad, violencia, renovación urbana”.

Lo anterior fue señalado tras un análisis de la situación por la que atraviesan los habi­tantes de la zona de Huentitán en Guadalajara.

Jorge Fernández lamentó que los planes parciales del ayuntamiento disten de las ne­cesidades y deseos de los ha­bitantes de cada subdistrito de la ciudad, ya que en todos se registran violaciones al orde­namiento municipal, pues hay construcciones que han sido señaladas públicamente por las personas, al atentar contra su calidad de vida. Citó varios ejemplos.

“Lo que pasa en Huentitán, está pasando en otras zonas de la ciudad, tenemos el caso del parque San Rafael, el ejemplo de lo que está ocurriendo en este momento en la zona dos Minerva, en diferentes áreas donde a pesar de la cuestión inmobiliaria, se están violan­do los planes parciales. Lo que no ha hecho la autoridad es respetar los amparos que se han conseguido, y no ha hecho sino violar la normatividad existente”.

Por ello, aclaró que de in­mediato debe frenarse la cons­trucción de proyectos como Iconia, calificando especial­mente a este como altamente nocivo para la fragilidad am­biental de la zona que limita con la barranca.

Dijo que lejos de favorecer a los constructores, el estado y el municipio (Guadalajara) deberían modificar sus políti­cas públicas para redensificar las zonas, de lo contrario per­sistirán los estragos en materia ambiental, y por ende, en la degradación a la calidad de vida de los tapatíos.

CEDHJ es parcial: Arturo Mendoza

Por su parte Arturo Men­doza, integrante de la asocia­ción Únete Huentitán, dejó en claro que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalis­co (CEDHJ) no es imparcial, sino que por el contrario, está también a favor del gobierno estado, pues han hecho caso omiso a las quejas que han presentado decenas de ve­cinos por presuntas arbitra­riedades y violaciones a sus derechos.

Y es que integrantes de esta asociación así como vecinos de la zona de Huentitán han obtenido suspensiones que el gobierno federal les ha otorga­do a través de juicios de ampa­ro, para frenar construcciones de desarrollos inmobiliarios, y obras que atentan contra el espacio público y que por ende, conllevan a un deterio­ro ambiental al estar cercanas al área natural protegida de la Barranca (de Huentitán).