Nos preguntamos cuánta enfermedad, llanto, muerte y sufrimiento se hubiera evitado si las autoridades en su papel y en su función hubieran cumplido con su responsabilidad. El gobierno decidió ocultar el daño que prevalecía en nuestras comunidades, nos negaron la posibilidad de prevenir enfermedades incurables y de recibir atención especializada a los padecimientos ya existentes, esta es una actitud criminal. En su conocimiento nos dejaron morir.
El lunes 3 de febrero realizamos una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por el ocultamiento de este estudio, misma que como primer resultado ha tenido un par de diligencias para tomar los testimonios de enfermxs y afectadxs ambientales en los pueblos de El Salto, Juanacatlán, Puente Grande y Tololotlán.
Debemos seguir exigiendo vida digna para nuestros pueblos. Será necesario volver a salir a las calles, gritar, caminar, gastar saliva y corazón.
¡NUNCA MÁS UNA MUERTE POR LA CONTAMINACIÓN!
¡TIERRA, AGUA Y AIRE LIMPIO PARA NUESTROS PUEBLOS!
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