El Salto recibe a sus visitantes con un olor, para quienes no están acostumbrados, insoportable. La primera reacción es tapar las fosas nasales y la boca, evitar en lo más posible, respirar ese aire. Los locales tampoco se acostumbran, pero sobrellevan el día. Muchos de ellos ya no se cubren, pero eso no quiere decir que no sea molesto y mortal. Prueba de ello son las personas que ya no están o quienes viven postrados a una silla de ruedas por insuficiencia renal.

En Juanacatlán, justo cruzando el río Santiago, el olor es aún peor. Por el puente vehicular que une a los dos municipios es posible mirar el río. Lo que antes era una atracción turística y fuente de alimento, ahora no es más que una corriente apestosa de color verde que alimenta al lirio y tule que invadieron el cauce.

Toda esta agua, después de sus caídas, es cubierta por una espesa capa de espuma fruto de los contaminantes que tiene el líquido. Los pobladores, dentro del desconocimiento que había hasta hace unos años, veían en la espuma una fuente de diversión, para ellos era un juego, hasta que sintieron las consecuencias.

José Villaseñor Torres es un joven que apenas sobrepasa los 20 años. Él es habitante de El Salto y tiene insuficiencia renal. Narra que cuando era niño “volaba la espuma en todo el pueblo, agarrábamos la espuma, jugábamos con ella. Entonces íbamos a nuestras casas y comíamos. Eso me afectó a mí. Uno estaba chiquito y no sabe lo que hace”.

Asegura que él nunca se sintió mal, todo fue de repente. Fue al médico y, para su sorpresa, le diagnosticaron insuficiencia renal crónica apenas a sus 20 años. Él no conocía nada sobre el padecimiento.

“Lo que me dijeron los doctores es que mis riñones no se desarrollaron. Dicen que es por la contaminación del río. Porque respiramos todo el cochinero pues”, recuerda.

La enfermedad es cara de curar, “mínimo, una hemodiálisis sale mil 300 pesos”. Muchos de los habitantes de El Salto o Juanacatlán no tienen el dinero para llevarlas a cabo pese a que deben realizarse hasta tres a la semana.

José reconoce que él ha salido adelante gracias a la solidaridad de su pueblo, el cual lo ha apoyado de diferentes maneras para continuar con su tratamiento.

Ahora está listo para un trasplante. Agradece que su madre es compatible para donarle el riñón; de no ser así tendría que estar en una lista “interminable” de personas con insuficiencia renal.

Concluye su historia con una frase hacia el gobierno: “Pongan una clínica de hemodiálisis en El Salto, con esto, mucha gente se podría salvar”.

Otra afectada por este mal es Isabel Álvarez, quien ve la vida pasar sentada en una silla de ruedas.

Tiene 70 años, “pero podría ser muy activa”, ya que la insuficiencia renal a causa del contaminado río Santiago se lo impide desde hace 12 años.

Y no solo eso, también le quitó a su compañero de vida, quien murió de este padecimiento. Toda una vida de respirar al río.

“A mí me sacaron (un análisis), resultó en el estudio que traía arsénico, pero (me dijeron) que no me preocupara”, recuerda doña Isabel, a quien le dijeron que los niveles eran normales, pero ahora está en una silla de ruedas.

Ella también cierra su caso con un mensaje hacia las autoridades: “Urge un hospital de especialidad en El Salto o Juanacatlán”.

Ambos fueron entrevistados la semana pasada por NTR tras un recorrido de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) por poblados de Juanacatlán y El Salto aquejados por la contaminación del Santiago.

CELEBRAN INTERVENCIÓN

Los habitantes de El Salto y Juanacatlán recibieron con esperanza el anuncio de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera la semana pasada medidas cautelares para el Estado mexicano (los tres niveles de gobierno) por la situación en la que se encuentra el río Santiago.

Fue el viernes cuando la CIDH hizo el anuncio, justo el día que las autoridades, federal y estatales, se reunieron para acordar que “trabajarían en conjunto” para atender la polución de la corriente de agua.

En un comunicado, la CIDH puntualizó que el hecho de construir plantas de tratamiento de aguas residuales no es la solución idónea para atender la contaminación del río.

Tras el anuncio de la instancia de defensoría, el presidente de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón, afirmó que esto abre la posibilidad de llevar la problemática a tribunales internacionales, y aunque sería un camino largo, ahora es una opción clara.

La responsable de que la CIDH tomara el caso es Raquel Gutiérrez Nájera, académica de la Universidad de Guadalajara y presidente del Instituto de Derecho Ambiental (Idea).

En julio de 2019, acudió al órgano internacional con diversas pruebas que demostraron la contaminación del río Santiago, los efectos en la salud y la ineficiencia de las autoridades. Tras detectar que el Estado mexicano no presentó pruebas convincentes de que trabajaba en el saneamiento del cauce, la CIDH emitió las medidas cautelares.

“Primero, la trascendencia de esto es que se acuerdan medidas para preservar vida, integridad personal y salud de pobladores de (…) los municipios de Juanacatlán y El Salto, así como de los pobladores de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala, ubicadas en Poncitlán. Segundo, se emiten medidas para que el Estado realice un diagnóstico médico y especializado tomando en cuenta la contaminación del río Santiago y, tercero, que se realice la atención médica adecuada, disponible, accesible y de calidad a todos los pobladores”, comentó la investigadora tras la emisión de las medidas cautelares.

La petición para que la CIDH interviniera fue firmada en 2019 por pobladores de Juanacatlán, El Salto y San Pedro Itzicán.

Gobierno debe acatar medidas cautelares

Los gobierno federal y estatal deben acatar humildemente las medidas cautelares dictadas el viernes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de pobladores de la ribera del río Santiago por la contaminación que ha producido enfermedades y muertes.

Así lo exigió Alan Carmona, miembro de la asociación Un Salto de Vida, quien consideró que el problema debe tratarse como un genocidio, pues durante varias administraciones gubernamentales se ha propiciado la muerte de poblaciones enteras por parte de las instituciones del estado y privadas.

Respecto al macrorrecorrido realizado la semana pasada por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien mostró a medios de comunicación plantas de tratamiento para combatir el problema, expuso que “la CIDH le dice que no es eso lo que debe de hacerse, pues los contaminantes industriales existen y es lo que está afectando a la población”.

También puso en duda los métodos de las instituciones gubernamentales para medir el saneamiento del río, ya que la propia CIDH estableció que los estándares utilizados no incluyen contaminantes importantes y por tanto las estrategias de saneamiento nunca lograrán la restauración del río. Juan Levario 

FRASE: 

“Pongan una clínica de hemodiálisis en El Salto, con esto, mucha gente se podría salvar”: José Villaseñor Torres, Habitante de El Salto

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