Tras las medidas cautelares anunciadas este viernes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de las poblaciones aledañas al Río Santiago, el gobierno de Jalisco tiene la obligación legal de acatarlas.

La abogada ambientalista y académica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Raquel Gutiérrez Nájera, sostuvo que “esto ya no es una recomendación para ver si la aceptan o no. Es obligatoria porque México aceptó la jurisdicción del sistema interamericano en su acatamiento y observancia”.

La también presidenta del Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), celebró el fallo emitido el 5 de febrero y que se notificó este viernes 7 de febrero mediante la resolución 07/2020.

Raquel Gutiérrez Nájera fue quien presentó los argumentos en la sede de la Comisión Interamericana en Washington, en julio de 2019.

“La trascendencia de esto es que acuerdan emitir medidas para preservar vida, integridad personal y salud de pobladores de las zonas hasta 5 kilómetros del Río Santiago en los municipios de Juanacatlán y El Salto, así como de los pobladores de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala en el municipio de Poncitlán, del Estado de Jalisco. Segundo: emiten medidas para que el Estado realice diagnóstico médico y especializado tomando en cuenta la contaminación del Río Santiago y, tercero, que realicen la atención médica adecuada, disponible, accesible y de calidad a todos los pobladores.

“Estas medidas son obligatorias al gobierno de México. Le dan 15 días para que informe sobre estos aspectos que está emitiendo. Nosotros veíamos como el gran ausente a la federación, y con estas medidas, ahora deben responder.  El problema abarca al Estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Me parece que el reto ahora es sentarnos con esos tres niveles a buscar, como bien dice el acuerdo de medidas cautelares, junto con los beneficiarios y afectados de la contaminación, para elaborar programa de saneamiento y de incidencia en atención a su salud. Ya no queda al arbitrio de la autoridad local, doméstica. Trasciende porque se supervisa lo que hará el Gobierno de México sobre este problema lacerante”, añadió la especialista.

jl