Cae en desacato al ignorar suspensión: Ejidatarios de El Zapote
El mandatario y su fiscal serían llevados a juicio por negar la posesión de un terreno de 14 hectáreas a ejidatarios, luego de que la autoridad estatal incumpliera un convenio de pago y siguiera usufructuando el espacio ajeno
Por Rafael Hernández Guízar
De acuerdo con los ejidatarios, la autoridad sigue invadiendo los terrenos, incluso “están mandando a elementos policiacos a que de forma violenta y prepotente amancen a las personas, despojándolos de sus terrenos”, dijo Sergio Pérez Rea, el abogado del ejido El Zapote, quien advirtió que ya tramitaron un procedimiento de desacato contra el gobernador Enrique Alfaro/Fotos: Rafael Hernández Guízar
Ejidatarios de El Zapote, en Tlajomulco de Zúñiga, anunciaron que tramitaron ya un procedimiento para que se lleve a juicio al gobernador y al fiscal general del estado por desacato a una suspensión de plano que consiguieron para frenar la construcción de un colector de aguas negras.
Se trata de un predio de 14 hectáreas que el mismo ejido pretendía ceder al gobierno estatal hace 10 años a cambio de una remuneración para tales fines, la construcción de colector que desembocaría en el canal del Ahogado, y para lo cual se firmó un convenio que en una de las cláusulas señalaba que el estado contaba sólo con cinco años para hacer el decreto de expropiación y pagar por las tierras, al haber pasado 10 años, el convenio quedó nulo y la justicia federal les otorgó un amparo para que les sea restituido.
Pero el gobierno del estado a cargo de Enrique Alfaro Ramírez, incumplió con la suspensión “de plano” que otorgó un juzgado federal en materia administrativa, civil y del trabajo, por lo cual los ejidatarios tramitaron ya un procedimiento de desacato, lo cual supondría una investigación por la Fiscalía General de la República (FGR) y que alcanzaría no sólo a Enrique Alfaro, sino también al fiscal estatal Gerardo Octavio Solís Gómez.
“El ejido el 23 de febrero del 2010 firmó un convenio de ocupación previa por una superficie de 13 mil 600 metros cuadrados que forman parte de un terreno de 14 hectáreas que el ejido de forma comunal conserva, los cuales son terrenos que de forma ilegal se siguen invadiendo por la autoridad, están mandando a elementos policiacos a que de forma violenta y prepotente siempre amenazan a las personas, despojándolos de sus terrenos porque el terreno no se ha pagado”, dijo Sergio Pérez Rea, el abogado del ejido.
“Para que ellos se hicieran dueños, por regla general deberían de haber expedido un decreto expropiatorio, el cual una vez salido, el ejido les da la entrega, el estado no ha emitido un decreto y ya pasaron 10 años, y qué sucede, que como siempre la autoridad está violentando los derechos humanos de los ciudadanos, el ejido viéndose en la necesidad pues tramitó un juicio de garantías, se le entregó una suspensión de plano y las autoridades han estado violentando la posesión de los ejidatarios con elementos policiacos y maquinaria trabajando”.
–¿Qué derechos les violentaron?
–La desposesión (sic) –despojo– que pretende hacernos este gobierno del estado a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA).
–¿Qué avala la suspensión?
–El acto reclamado, que no sea desposeído el ejido del predio. Se analizó el convenio y en efecto, las autoridades responsables no lo cumplieron.
En este sentido, señaló el abogado que hay abuso de autoridad por parte del gobierno estatal.
Los ejidatarios indicaron que no se oponen al progreso y a que la obra se realice siempre que antes de esto se les pague por sus tierras como se había convenido, la cantidad que deberían de recibir por estas casi 14 hectáreas, es de alrededor de 70 millones de pesos.

