Si lo ideal para la zona de El Bajío, en Zapopan, es que se derribe la Villa Panamericana, tal como lo han sugerido expertos por el impacto ambiental del inmueble a la zona, la determinación sería apoyada por el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí.

“Lo primero que se tiene que discutir es el tema medioambiental. En este tipo de debates hay que empezar por el bien mayor, que es el debate de la recarga y el cuidado del agua en la zona metropolitana”, afirmó el rector durante la entrega del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2019.

El representante de la máxima casa de estudios añadió que lo que mal empieza, mal acaba, por lo que pidió tomar en cuenta en primer lugar a los especialistas antes de considerar la venta del inmueble, promovida por el gobierno de Jalisco, a través de los institutos de Pensiones (Ipejal) y de Vivienda (Ijalvi), a favor de la empresa Green Life Capital por mil 500 millones de pesos.

Por ello, insistió en que si los expertos recomiendan que lo que más conviene es “derruirla por el cuidado del medio ambiente, eso se tendría que hacer. Si los expertos en medio ambiente dicen que la construcción ya hecha pone en riesgo el tema del agua de la zona metropolitana, pues sería un mal menor el derribarla”.

De hecho, consideró que todavía hay varias opciones en torno a la Villa antes de venderla a inversionistas y cuestionó el porqué hacerlo tan rápido. Las negociaciones entre Green Life Capital y el gobierno estatal se realizaron entre junio y julio, y el contrato se pretendía signar el 30 de agosto.

Según el rector, “el socio mayoritario es el dinero público”, por lo que llamó a poner sobre la mesa que el gobierno de Jalisco compre la parte privada del complejo para hacer un proyecto más adecuado de inversión y así sanear las finanzas del Ipejal.

“Nos debe de quedar muy claro a todos los jaliscienses cómo cuidamos El Bajío”, insistió Villanueva Lomelí.

JUICIOS NO PERMITEN LA VENTA

Mientras no se destraben tres juicios en torno a las villas panamericanas, su venta no será posible, advirtió José Trinidad Padilla López, ex Procurador de Desarrollo Urbano (Prodeur) y quien ayer fue nombrado como director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola.

Si a los juicios no se les da solución, tampoco habrá cambios para que el inmueble pueda ser habitado, ya que actualmente no puede haber vivienda de alta densidad en la zona.

“(No) puede haber ninguna acción sobre esas villas hasta que no concluyan los varios juicios que hay en torno al uso de ese lugar. Creo que esa cuenca del Bajío presta servicios ambientales muy importantes y debe garantizarse la preservación de esos servicios, y desde luego, en las condiciones que están en este momento, no podrían ser utilizadas para vivienda de alta densidad”, comentó el directivo.

Padilla López no descartó la posibilidad de un desarrollo en la zona a futuro, siempre y cuando el sector público o privado esté dispuesto a invertir los recursos necesarios para garantizar la sustentabilidad y los servicios ambientales de El Bajío; sin embargo, duda que esto resulte ser un buen negocio.

“Creo que ese espacio debe ser preservado y debe de cuidarse lo que se va a hacer, porque ya existen dos fraccionamientos en la zona: Rancho Contento y Ayamonte, por lo que ya hay mucha presión sobre esa área y no sería buena idea presionarla más”, sugirió.

Durante su cargo en la Prodeur, recordó que la Villa no se podía destinar a ninguna actividad, pues diversos juicios lo impiden.

Finalmente, el también ex diputado federal, quien presentó su renuncia el 23 de agosto a la Prodeur, aseguró que dejó a ésta última debido al ofrecimiento de la UdeG para tomar la Dirección de la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola.

“(Lo que más conviene es) derruirla por el cuidado del medio ambiente, eso se tendría que hacer. Si los expertos en medio ambiente dicen que la construcción ya hecha pone en riesgo el tema del agua de la zona metropolitana, pues sería un mal menor el derribarla”

Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la Universidad de Guadalajara

Hay alternativas

Según Ricardo Villanueva, la venta de la Villa no es la única opción para el inmueble. Él sugiere que el gobierno del estado compre la parte de los inversores y desarrolle un proyecto más adecuado para la zona; así, añade, se sanearían las finanzas del Ipejal

SIN VISTO. Si llegan más suspensiones que ordenan otorgar permisos para la Villa, serán ignoradas, adelanta el alcalde.
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Lemus no dará permisos; prefiere la destitución

Pese a que Inmobiliaria Cornejo Barragán, SA de CV, desarrolladora de la Villa Panamericana, consiguió la semana pasada una suspensión del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para que el Ayuntamiento de Zapopan revise si el inmueble cumple con requisitos para obtener permisos municipales, el alcalde Pablo Lemus Navarro reiteró que no autorizará licencias para preventa, urbanización o cambio de proyecto que permitan la habitabilidad del inmueble.

El alcalde afirmó que si el TJA considera que cae en desacato por no otorgar licencias, prefiere la destitución del cargo antes de dañar el entorno de El Bajío: “Prefiero que me quiten de mi puesto, prefiero que me quiten de mi trabajo, que otorgar los trámites de la Villa Panamericana y atentar contra el medio ambiente de Zapopan”.

El edil añadió que se responderá debidamente al tribunal y aclaró que la ciudadanía no debe preocuparse sobre este tema, pues “así reciba una o 50 suspensiones del (TJA) para la Villa Panamericana, no voy a otorgar ninguna licencia”.

Insistió en que si llegan más suspensiones en ese sentido, “simple y sencillamente” las ignorará, pues dijo que fue electo para responsabilizarse del desarrollo y cuidado del medio ambiente de Zapopan.

Criticó que el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) primero amarrara el convenio de compra-venta de las villas y, después, sugiriera un plan de mitigación para El Bajío, una práctica que consideró contraria al cuidado del medio ambiente.

Cuestionado sobre si el próximo plan de ordenamiento ecológico local de Zapopan (POELZ) incluye a El Bajío, Lemus Navarro aceptó que esta zona no se considera en el documento, pues se encuentra bajo otra lógica de cuidado ambiental. Además, informó que primero se deberá promover un decreto de protección para la zona.

“Prefiero que me quiten de mi puesto, prefiero que me quiten de mi trabajo, que otorgar los trámites de la Villa Panamericana y atentar contra el medio ambiente de Zapopan”

Pablo Lemus Navarro, alcalde de Zapopan

Proponen que el inmueble sea un laboratorio botánico

Para compensar el daño causado en El Bajío y buscar mejorar su entorno, la Villa Panamericana debe convertirse en un laboratorio botánico con la asesoría de expertos, propuso ayer el único diputado local del Partido del Trabajo (PT) Óscar Herrera Estrada.

“(No) coincidimos con quienes exigen su demolición, sino que se consulte y se escuche a los expertos ambientalistas para que (las villas) sean utilizadas, posiblemente y con apoyo del gobierno federal, como laboratorios botánicos, en donde se cultiven miles o tal vez millones de plantas y árboles para su posterior plantación en diversas zonas de nuestro estado de Jalisco”, apuntó.

El petista solicitó también una brigada de bomberos para la zona, personal de seguridad y una planta tratadora.

Sin embargo, la propuesta sólo la difundió ante medios de comunicación y no hay interés de enviarla a algún ente público.

El diputado criticó que el gobierno panista de Emilio González Márquez endeudara a Jalisco al usar ahorros de trabajadores estatales para hacer “los mejores juegos panamericanos de la historia” y, con ello, causado daños a El Bajío.

“Es indiscutible que no se puede ser indiferente ante la irresponsable decisión que se tomó en su momento; por un lado, la inversión dañó a los pensionados que hoy buscan recuperar sus participaciones, pero por el otro, no podemos soslayar el daño que se causará si se permite que las villas se conviertan en centros de población de cualquier orden”, indicó. Jessica Pilar Pérez

TRIBUNAL DE JUSTICIA. Tanto Conciencia Cívica como el Parlamento de Colonias recuerdan que no puede haber resoluciones contradictorias de la misma autoridad.
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Resolución de Laurentino, contraria al derecho; Sexta Sala determina no vender

El magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Laurentino López Villaseñor, no puede ignorar la ley ni la notoriedad pública del caso Villa Panamericana, por lo cual su resolución favorable a los terceros particulares para que se les permitan autorizaciones para terminar, vender y entregar el inmueble, es abiertamente opuesta a lo que dicta el derecho.

Así lo señalaron ayer los dirigentes de Conciencia Cívica y Parlamento de Colonias, Salvador Cosío Gaona y Alejandro Cárdenas Ochoa, quienes criticaron lo determinado por la Segunda Sala

“En relación con la contradictoria medida cautelar otorgada a los constructores dentro del juicio 2232/2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativo, advertimos que dicha medida cautelar es infundada y no puede surtir efectos; toda vez que las autoridades deben acatar las suspensiones vigentes y otorgadas con anterioridad en los juicios 82/2011 de la Cuarta Sala y 381/2013 de la Sexta Sala, y al ser contradictorias a la otorgada por la Segunda Sala, deben prevalecer las primeras”, sostuvieron en una rueda de prensa.

El principio es simple: el primero en tiempo es primero en derecho. No puede haber resoluciones contradictorias sobre la misma litis, sobre todo si emana de la misma autoridad, como resulta el caso, pues todo ha derivado de acciones ante el mismo tribunal administrativo.

De hecho, dieron a conocer “el requerimiento efectuado por la Sexta Sala Unitaria del (TJA), dentro del juicio de nulidad 381/2013, a efecto de que las autoridades demandadas en ese juicio, Iprovipe (Instituto Promotor de la Vivienda Popular en el estado, ahora Ijalvi) y el Ipejal (Instituto de Pensiones), cumplan con la medida cautelar decretada por la Sexta Sala y no celebren ningún contrato de compra-venta de las villas panamericanas; dicho requerimiento les fue notificado a las autoridades demandadas el 30 de agosto de 2019”, es decir, lo determinado responde con precisión a la nulidad de la decisión del magistrado de la segunda Sala, subrayó Cosío Gaona.

El requerimiento señala: “Se (pide) a las autoridades demandadas en el presente juicio para que en un término de cinco días contados a partir del día hábil siguiente aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, acrediten ante esta sala haber acatado la medida cautelar en todos sus términos, en el entendido que deberán realizar los actos necesarios y tendientes para que la suspensión referida sea respetada y, por ende, llevar a cabo las diligencias necesarias para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan”.

Y añade: “(Esto) para que no se lleven a cabo las operaciones de compra-venta y enajenación de las unidades habitacionales que conforman el proyecto denominado Villa Bosque o Villa Panamericana, así como para que no se emitan licencias, autorizaciones y factibilidades hacia las unidades habitacionales del proyecto impugnado. En virtud de lo anterior, se apercibe a las autoridades demandadas que de no acatar lo requerido por esta Sala, serán sancionadas en los términos que el Código Penal del Estado establece para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida”.

El castigo

Abuso de autoridad

Artículo 146 del Código Penal del Estado. Al que cometa el delito de abuso de autoridad se le impondrán las siguientes sanciones:

• A) Si el monto del beneficio económico que reporte el responsable por los actos que aquí se señalan, no excede del importe de 196 días de salario, se le impondrán de uno a cinco años de prisión y multa de dos a veinte días de salario
• B) Si excede del monto a que se refiere el párrafo anterior, se impondrán de tres a ocho años de prisión y multa hasta por el importe de 196 días de salario
• C) Si la comisión del hecho no reporta beneficio económico, se impondrán al responsable de uno a cinco años de prisión

Fuente: Resolución del magistrado de la Sexta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado                    

PROPÓSITO. Con la iniciativa se pretende aislar a los inmuebles de la zona, como al Estadio Akron.
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Observatorio del agua propone ANP en El Bajío

Ante la propuesta de vender la Villa Panamericana, el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco propuso ayer que se declare la zona de El Bajío como un área natural protegida (ANP) para la recarga del acuífero de Atemajac, “pero que sea federal (el acuífero es federal) y no a través de los planes municipales de desarrollo”, dado que “esos cambian cada tres años o cada que presionan los constructores”.

En contradicción a la propuesta del alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, quien sugirió un blindaje con acciones municipales, el organismo tampoco cree en un decreto estatal ante la cercanía de los intereses a esa instancia de gobierno.

Como efecto, “la Villa Panamericana, el estadio (Chivas-Akron) y demás construcciones que hay, quedarían aislados. Únicamente comunicados por vías de rodamientos”.

La importancia de proteger la zona deriva de que 63 por ciento del agua de lluvia se infiltra y el resto escurre y se evapora. Ese ciclo, señala el observatorio, ya está alterado por las construcciones, pues ahora es más la que escurre y los flujos internos están alterados por cimientos y construcciones elevadas.

El organismo encuentra incongruencias en el debate. “Si se tiene esta fuente de agua subterránea, en lugar de protegerla y de aumentar su capacidad, prefieren traer agua de lejos (Zapotillo) con costos de miles de millones de pesos y dañando zonas productoras. Bajo estos escenarios, no debe por ningún motivo incrementarse la densidad habitacional en la cuenca de El Bajío”.

En el documento del observatorio se recuerda que la Villa no cumplió con las condicionantes de la manifestación de impacto ambiental. “Recordemos la zona anegada de aguas negras durante los Juegos Panamericanos. En 68 días las aguas negras llegan al acuífero, según datos de consultorías técnicas”.

Finalmente, añade que la Villa Panamericana “tiene 8 hectáreas y puede alojar a 3 mil 600 personas, dando un coeficiente de 400 personas por hectárea; (sin embargo), los reglamentos sólo permiten 20 personas por hectárea. Están fuera de la ley si quieren utilizarla como habitacional y, si eso fuera, entonces adquiere derechos de servicios: templos, escuelas, mercados, centros comerciales. Sería el principio del fin de El Bajío, pues impulsaría el crecimiento urbano”.

“Están fuera de la ley si quieren utilizarla (la Villa) como habitacional y si eso fuera entonces adquiere derechos de servicios”

Extracto de la propuesta del observatorio del agua

SEÑALA MORENA AL EJECUTIVO. En la operación para comercializar la Villa hay funcionarios de la administración de Enrique Alfaro.
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Morena contempla recurrir a la Corte

Porque hay tres suspensiones judiciales que frenan la compra-venta de la Villa Panamericana, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) contempla recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, de ser necesario, a tribunales internacionales ante el presunto desacato del gobierno del estado.

“Vamos a desgajar esta naranja de la corrupción. Hay suspensiones que fueron otorgadas por la Cuarta, Quinta y Sexta Sala mediante la intervención de magistrados, dos de ellos que han sido perseguidos, señalados y vejados por el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (Salvador Caro Cabrera) y por el Ejecutivo del estado”, señaló el dirigente del partido guinda en Jalisco, Hugo Rodríguez Díaz.

Elevar la densidad habitacional en El Bajío, como contempla el proyecto de Green Life Capital, firma compradora del inmueble, implica violaciones legales, ambientales, económicas y políticas de las que serían responsables funcionarios del sexenio del ex gobernador Emilio González Márquez, emanado del Partido Acción Nacional (PAN), y de la actual administración, a cargo de Enrique Alfaro Ramírez, del partido Movimiento Ciudadano (MC), refirió el representante de Morena.

El líder de los morenistas añadió que, en lo ambiental, la venta de la Villa representa un riesgo para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) por la contaminación a los mantos freáticos, la explotación de la cuenca, invasión de áreas naturales y sobrecarga poblacional para la zona.

Económica y políticamente, sostuvo Rodríguez Díaz, hay indicios de acuerdos por debajo de la mesa desde el arranque del proyecto, con valuaciones irregulares del terreno, y hasta la fecha con el contrato de compra-venta con permisos incluidos, por ello Morena buscará llegar a instancias de todos los niveles para que se investigue el tema a fondo.

“Lo que se decida con el edificio lo tendrá que resolver un procedimiento jurídico, tampoco es una opinión de un partido político, es el proceso judicial en su parte final el que determine qué se hará con la Villa”, comentó.

El ex diputado local cuestionó que otros partidos no le hayan entrado a este y otros temas polémicos, como el de A Toda Máquina, reprochando posibles acuerdos políticos, intercambio de favores, dádivas o espacios de poder. Martha Hernández Fuentes

La venta y sus efectos

•  Contaminación a los mantos freáticos
•  Explotación de la cuenca
•  Invasión de áreas naturales
•  Sobrecarga poblacional para la zona

JJ/I